jueves, 18 de septiembre de 2008

L a justicia es la luz del mundo y no podemos dejar que una personas investidas de ignorancia la apaguen

Santo Domingo, 16 de septiembre de 2008
Doctor
Alejandro Moscoso Segarra
Procurador Fiscal del Distrito Nacional
Su Despacho
Distinguido Sr. Procurador Fiscal:
Me dirijo a usted para hablarle de lo que sucedió la noche del 23 de agosto en el Teatro Nacional, mientras esperaba al cantautor español Pedro Guerra para hacerle una entrevista periodística (ver documento anexo).
Aquel fue un episodio decadente que, por lógica, no debió ocurrir en un estado de derecho donde el derecho a la información está consagrado constitucionalmente como una prerrogativa fundamental. Si ocurrió fue porque hay en la sociedad dominicana elementos que creen que todas las cosas del mundo, por simples que sean, hay que resolverlas a golpes y a empujones, y que piensan que pueden hacer cualquier cosa, incluso aquellas reñidas con la ley, y salirse con la suya.
Si he acudido a la ley y al amparo de la justicia y sus instituciones es porque estoy plenamente convencido de la implicación que tiene ese episodio en el ejercicio de la libertad de prensa en la República Dominicana y en el derecho de acceder a las fuentes de información.
Si he acudido a la ley y al amparo de la justicia y sus instituciones es para que no involucionemos y no regresemos a un estado primitivo.
Si he acudido a la ley y al amparo de la justicia y sus instituciones es para evitar que en lo adelante, a una libreta de apuntes y a una grabadora se le responda con una patada y para que unos espalderos no sigan imponiendo su ley cada vez que les venga en gana.
Si he acudido a la ley y al amparo de la justicia y sus instituciones es para que, en un país donde una legión de reporteros y comunicadores sale a la calle cada día a realizar entrevistas y a buscar información, esta situación de violencia no se vuelva a repetir.
En fin, si he acudido a la ley y al amparo de la justicia y sus instituciones es para que esto que ha sucedido en el recinto del Teatro Nacional NUNCA MAS vuelva a suceder.
La agresión fue perpetrada por Rafael Vargas y Josué Vargas, de la compañía privada de seguridad Centauro Security Group, quienes fueron contratados por el empresario Saymon Díaz.
Además de sus claras implicaciones legales, la agresión del Teatro Nacional tiene un presupuesto moral y social asociado al mensaje de brutalidad que estamos enviando a los integrantes de una sociedad que busca y necesita a toda costa valores de convivencia y un incesante llamado a la paz. La brutalidad es una enfermedad que cuando expande su albedrío anula las facultades de una sociedad para entenderse en forma pacífica y sólo la justicia puede impedir que esa enfermedad se convierta en una epidemia.
El derecho a la información, como entidad consagrada constitucionalmente, no puede estar en manos de unos espalderos al servicio de intereses privados. Esta gente, Magistrado, ha puesto a prueba la libertad de prensa en un país que quiere mirar la futuro. Y considero que es un buen momento para reafirmar la vocación de justicia de la República Dominicana, y demostrar que estamos por encima de la brutalidad y de la ignorancia.
Los atacantes del Teatro Nacional –Rafael Vargas, Josué Vargas y las personas a que les demuestre vínculos con esa acción- no pueden salirse con la suya. Así que apelo a usted,
Magistrado, con el fin de poner en su conocimiento que voy a agotar todos los mecanismos previstos por la ley a fin de que esta agresión a mi persona y al periodismo nacional no quede impune.
La justicia es la luz del mundo y no podemos dejar que unas personas investidas de ignorancia la apaguen.
Vianco Martínez
Periodista